Niños del pueblo Sarayaku. / Fotos: Juan Fernando López
“Sarayaku es una selva viva”, me cuenta el líder espiritual Sabino Gualinga, con voz tan queda que se pierde en el alboroto de los pájaros amazónicos. “Ahí existen árboles y plantas medicinales, y otros tipos de seres”, le había dicho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011, durante la audiencia del caso de su pueblo contra el Estado ecuatoriano.
El ritmo sosegado de Gualinga es el de la vida en esta esquina de la Amazonia. Pero las apariencias engañan. Estamos parados sobre 1.400 kilos de explosivos que sembró hace diez años la argentina Compañía General de Combustibles para explotar el petróleo en la zona. Lo que comenzó como una protesta lejana de 1.200 indígenas que se oponían, hoy es tema central de la campaña presidencial ecuatoriana, después de que el presidente Rafael Correa lanzara el jueves pasado una “nueva era petrolera”, con la apertura de una nueva licitación para explotar crudo en la Amazonia. Y el eco del reciente fallo de la Corte Interamericana a favor de Sarayaku comienza a sentirse en cientos de conflictos similares, desde el altiplano boliviano hasta las playas del Caribe colombiano.
No es la primera vez, ni ha sido la última, que una empresa compra el consentimiento de comunidades indígenas. En lugar de una consulta previa como mandan las normas nacionales e internacionales, la compañía hizo lo que muchas otras: ante la reticencia indígena ofreció efectivo, prometió “caravanas de salud” y repartió dádivas a granel, mientras que el Estado miraba para el otro lado (cualquier parecido con lo que pasa hoy en el parque Tayrona y La Guajira no es pura coincidencia). La estrategia funcionó: unos cuantos “acuerdos de inversión” con improvisadas asociaciones nativas, por cerca de un millón de dólares, convencieron a muchos.
Pero el pueblo Sarayaku se salió del libreto y pronunció otro, de una sola línea: “No queremos”. Rechazaron los US$60.000 que ofrecía la empresa, porque “no se puede comprar la vida”, como me dijo con sencillez ineluctable Holger Cisneros, dirigente del pueblo. Tenían frescos en la memoria los estragos del petróleo en regiones vecinas de la Amazonia, como los derrames profusos en los campos de Texaco (hoy Chevron), que le dieron la vuelta al mundo el año pasado por la condena de US$8.000 millones que dictó un juez ecuatoriano.
La respuesta de la empresa y el Estado fue redoblar los planes de exploración sin hacer la consulta. Fue entonces, en 2002, que llegaron los ingenieros a sembrar los explosivos, al abrigo de los helicópteros de la empresa y el Ejército. Dispuestos a jugarse los restos, los hijos del jaguar, como se conoce a la gente de Sarayaku, emprendieron el largo litigio que los llevaría hasta la Corte Interamericana.
No es la única vez que la Corte condena a un Estado por los atropellos de las locomotoras extractivas en territorios indígenas. Pero también ésta se salió del libreto. Hasta ahora los jueces abandonaron sus adustos despachos para hacer una visita de campo este año. Bebieron la chicha que lubrica cualquier conversación en estas tierras y sudaron la gota gorda mientras que escuchaban las reclamaciones en kichwa del pueblo reunido en pleno.
La sentencia vino en julio con tantas condenas como advertencias. Las condenas son para el Estado ecuatoriano, que había reconocido su responsabilidad: pagar una indemnización de cerca de US$1,3 millones, desactivar los explosivos, no adelantar operaciones inconsultas en el territorio y regular adecuadamente las consulta previas. Las advertencias están entre líneas para los demás Estados que incurren en las mismas faltas (y el colombiano no es la excepción).
Pero una cosa es ganar el pleito y otra ganar la pelea. “No hay ningún avance significativo en relación con las medidas claves”, me contó Mario Melo, el abogado de la Fundación Pachamama que ha llevado el caso, junto con Cejil. Por el contrario, el gobierno expidió un débil reglamento sobre consultas previas, con el que convocó reuniones relámpago y opacas con comunidades dispersas. Según los líderes indígenas, el apuro se debía a que la administración Correa, a contrapelo de la sentencia, planeaba organizar una licitación inconsulta para la exploración de los campos petroleros de la Amazonia, incluyendo los del territorio Sarayaku.
Los hechos les dieron la razón a los indígenas. Esta semana el gobierno abrió la Ronda Petrolera XI para adjudicar la explotación de crudo en 13 campos del suroriente ecuatoriano. “Bienvenidos todos los inversionistas que buscan esa rentabilidad razonable, pero con altísima responsabilidad ambiental”, dijo Correa en el acto de lanzamiento.
A diferencia de lo que pasa en Colombia, aquí la locomotora es impulsada por un gobierno que se autodefine como de izquierda. Sus políticas sociales progresistas —mayor inversión en salud, educación e infraestructura, que hasta la oposición reconoce— son financiadas principalmente por las rentas petroleras y mineras. El efecto se nota en la impecable carretera que trae hasta Puyo, la puerta de la Amazonia.
El extractivismo de izquierda tiene no sólo costos ambientales y culturales, sino también políticos. Por él, Correa ha roto con buena parte de la izquierda y el movimiento indígena, que lo ayudaron a llegar al poder en 2006 y a controlar la Asamblea Constituyente de 2008. De ahí que la Constitución ecuatoriana incluya entre sus principios el “sumak kawsay”, el buen vivir, que viene de la cultura de Sarayaku y significa la relación armónica entre los seres humanos, y entre ellos y la naturaleza.
Todo eso quedó en el pasado. “Es una izquierda infantil” —le dijo Correa hace un par de meses a la New Left Review—. “Es una locura decirles no a los recursos naturales, que es parte de lo que la izquierda está proponiendo”, agregó, seguramente pensando en su exvicepresidente, el ambientalista Alberto Acosta, quien renunció a la Constituyente y al gobierno en 2008, justamente por diferencias sobre la consulta y la protección del medio ambiente, y hoy compite con él en las elecciones presidenciales.
Lo que pasa en Ecuador se repite en todos los gobiernos de izquierda, tan extractivistas como los de signo contrario: Dilma Rousseff construye hidroeléctricas en la Amazonia para inyectar energía a las plantas siderúrgicas; Pdvsa es la chequera del gobierno de Hugo Chávez; Evo Morales rompe con parte del movimiento indígena para abrir carreteras en la Amazonia; Humala se mueve hacia la derecha para mantener las rentas mineras, y todo indica que Ortega celebra el fallo de La Haya porque le permite abrir el mar, antes colombiano y ahora nicaragüense, a las petroleras.
De modo que Correa boxea con su propia sombra. Y el desenlace de su encuentro con los hijos del jaguar reverbera en toda la región, que se debate entre las economías minero-energéticas y el buen vivir indígena. Entre los pozos petroleros y la selva viva de Sabino Gualinga.
* Columnista de El Espectador. Profesor de la Universidad de los Andes y miembro fundador de DeJusticia.
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