Sin embargo, para la abogada Viviana Krsticevic –del Centro para
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- “en el sistema interamericano
las reparaciones no deben hacerse necesariamente con compensaciones
económicas”. De igual manera piensa
Mario Melo, abogado de los demandantes y asesor de la Fundación Pachamama,
“para Sarayaku su territorio es vida, ellos dependen de él y las petroleras
aquí no han sembrado vida, sino dinamita y muerte. Es por ello que la comunidad
demanda la aprobación de la declaración de Selva Viviente (Kawsak Sacha) de su
territorio. Esa sería la verdadera reparación del Estado con el Pueblo de
Sarayaku”.
La declaratoria de Selva Viviente al territorio de Sarayaku
implicaría que este se mantenga libre de actividad extractiva y biopiratería,
tal y como lo solicitan los demandantes.
Al tiempo mismo tiempo que el asesor jurídico de la Presidencia
planteaba públicamente la necesidad de llegar a un acuerdo entre la comunidad
de Sarayaku y el Estado ecuatoriano al margen del CIDH, a 280 kilómetros de
distancia en su Enlace Ciudadano realizado en el barrio de la Vicentina en
Quito, el presidente Correa acusaba a las ONG Parole de Nature, World Wildlife
Found WWF, Movement D´actions à travers le monde y Alter Voyages de estar en
una campaña internacional contra el Ecuador. Según Correa, “estos gringitos con
su panza bien llena que vayan a impedir
a Francia que refine petróleo que haga armas nucleares pero que no vengan a imponer sus
caprichos e instigaciones aquí en
nuestro país condenándonos a la miseria”.
En la misma línea Wilson Pastor, titular de la cartera de Recursos
Naturales no Renovables, indicaba sorprendentemente y sin dar explicación de
porqué, que el objetivo de las ONG es impedir la extracción de petróleo en el
Ecuador. Según Pastor la consulta previa se desarrollará en todas las regiones
afectadas –incluida Sarayaku- por la Onceaba Ronda Petrolera entre mayo y
diciembre del presente año, si bien matizó que si no existe consenso o
aprobación de un proyecto en esta instancia será la autoridad superior quien
decida o no la consecución de un proyecto. Para los dirigentes de Sarayaku,
dicha declaración no deja de ser un claro aviso sobre la voluntad del Gobierno
de ignorar resoluciones que libremente sus comunidades determinen.
El pasado 21 de abril una comisión compuesta por dos de los siete
miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaba la
comunidad de Sarayaku en la provincia de Paztaza, último paso antes de
dictaminar sentencia sobre un litigio que dura ya nueve años y enfrenta a la
pequeña población amazónica, apenas 1.200 habitantes, contra el Estado.
Los pobladores de Sarayaku han venido manifestando su rotundo
rechazo al ingreso de la actividad petrolera, fundamentado en los enormes
impactos negativos que dicha actividad provoca –según sus consideraciones- en
su territorio sagrado, en la calidad y forma de vida de sus habitantes, en el
irrespeto a sus opciones de desarrollo, su espiritualidad, el ambiente
amazónico, la paz social y en integridad de sus miembros.
Ante los dos miembros de la CIDH que viajaron a Ecuador, su
presidente Diego García Sayán y la jueza Radhis Abreu, diversos pobladores de
la comunidad de Sarayaku expusieron sus testimonios y relatos de como personal
de la CGC y el Ejército ecuatoriano había procedido al ingreso armado en su
territorio, recordando los múltiples actos de violación de derechos humanos
acontecidos entre el último trimestre de 2002 y primero del 2003.
Presentes en ese acto histórico de la CIDH, dado que es la primera
vez que miembros de la Corte Interamericana se desplazan a una población
indígena para hacer una diligencia in situ, no solo se hallaba el conjunto de
los habitantes de Sarayaku, sino también estudiantes de la Universidad de San
Francisco de Quito, diversos medios radiales comunitarios, abogados de
prestigio en el ámbito de los derechos humanos, representación de varias
nacionalidades indígenas, ONG locales que expresaban así su solidaridad con los
afectados y periodistas de múltiples medios nacionales y corresponsables
extranjeros.
Según José Gualinga, presidente de la comunidad demandante, el
acto jurídico realizado a puerta abierta por la CIDH en Sarayaku es el
reconocimiento de una lucha que enfrenta a “David contra Goliat”. Para el
dirigente kichwa, “el objetivo principal de nuestra demanda es establecer el
Sumak Kawsay en nuestro territorio, respetándose así nuestro sistema de
organización propio, nuestros ríos sanos, nuestro aire puro, nuestra identidad
y nuestras formas de vida en armonía y equilibrio con la naturaleza”.
Desde inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la CIDH solicitando su
intervención urgente con el fin de salvaguardar sus derechos violados durante
la campaña de sísmica que intentó desarrollar la petrolera CGC. En mayo de 2006
la CIDH dictaba medidas Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de
la comunidad y de su relación especial con el territorio. El Estado ecuatoriano
desoyó sistemáticamente estas medidas hasta que en diciembre de 2007 se vio
obligado a enviar un retén militar con el fin de retirar la pentolita
(dinamita) del territorio y anular la concesión petrolera. La pentolita
enterrada en el subsuelo de la comunidad se cuantifica en una tonelada y media
de explosivos de los cuales apenas fueron retirados 14 kilogramos, es decir el
1%. Ante esta situación diversas autoridades del actual Gobierno han declarado
que el riesgo es menor dado que dichos explosivos a pesar de estar ubicados en
territorios de caza y tránsito de personas no están conectados a dispositivos de
detonación y son biodegradables, tesis cuestionada por los miembros de la
comunidad afectada.
En la actualidad esta pequeña población amazónica se ve amenazada
ante la Onceava Ronda Petrolera que compromete una extensión en el centro-sur
de la Amazonía de 3,8 millones de hectáreas de bosque primario que albergan a
siete nacionalidades indígenas, lo que acarreará, según el líder amazónico,
“impactos irreversibles en la naturaleza y la organización, tanto familiar como
colectiva”.
Una sentencia favorable puede cambiarlo todo. “Queremos consolidar
un gobierno autónomo con el fin de consolidar a su vez en Sumak Kawsay en
nuestro territorio. Tenemos asentamientos autónomos, justicia indígena que
funciona con respeto a los derechos humanos tal y como establece nuestra
Constitución. Hemos desarrollado planes de uso y administración eficaz de
nuestro territorio y articulamos programas de cuidado de bosques como el
‘Camino de las flores vivientes’, situación que nos permite contar con el
crecimiento de árboles de aquí a treinta años. La posibilidad de que todo esto
se convierta en una forma de vida sustentable para nuestra población depende
del respeto que el Gobierno ecuatoriano ejerza sobre nuestras decisiones”, dijo
su presidente, José Gualinga.ENTREVISTA
Diego García Sayán: Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos Diego García-Sayán, es abogado y escritor peruano que
participó en la política de su país, asumiendo las carteras de Justicia, a
finales del año 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y
de Relaciones Exteriores, en 2001, luego de su nombramiento por Alejandro
Toledo. Actualmente tiene 61 años. Desde 2004, es juez miembro de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. En dicha corte fue su Vicepresidente y, el
25 de noviembre de 2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige desde
el 2010, por un período de dos años.
¿Cuál es su sensación tras visitar la comunidad de Sarayaku?
Para nosotros esta ha sido una jornada histórica porque es la
primera vez que la Corte Interamericana visita una comunidad indígena para
recoger testimonios y oír sobre el terreno lo que esperan los afectados de
nosotros.
¿Tras nueve años de proceso y con todos los trámites agotados, por
donde irá la resolución de la CIDH?
El proceso está en curso, no puedo anticipar un dictamen. Acá
estamos apenas dos de los jueces que componemos la Corte interamericana. Los
testimonios levantados serán llevados al conjunto de miembros de la CIDH y
deben ser analizados por todos. Con respecto a los tiempos, debo indicarle que
aunque la demanda se interpuso hace nueve años, la Corte empezó a conocer el
proceso hace apenas dos años. Lo que sí le puedo indicar es que nuestra
intención es dictaminar cuanto antes, esperemos que sea posible dentro de este
mismo año y con ello generar tranquilidad a las partes en conflicto.
¿Hay alguna novedad en los testimonios recogidos en Sarayaku
respecto a la última sesión de Costa Rica?
No puedo hablar en nombre de la CIDH, pero a título personal le puedo indicar que este ha sido un acto
fundamental para construir la sentencia. En Derecho las percepciones sobre la
tierra y los territorios que tiene la población de Sarayaku son importantes
como ingrediente de identidad más allá del concepto de propiedad. Nos
congratulamos de la representación de alto nivel que ha estado presente en
Sarayaku por parte del Gobierno ecuatoriano y agradecemos la hospitalidad con
la que nos ha tratado la comunidad. Los testimonios han sido de gran
importancia. Ha sido un proceso muy productivo, podríamos no haberlo realizado,
pero había acuerdo entre las partes en realizarlo y estamos muy satisfechos.
¿Hay antecedentes en sentencias de la CIDH sobre consulta previa
en materia de explotación de recursos naturales?
En agosto de 2008 la Corte dictó sentencia en el Caso Saramaka vs
Surinam. Lo que la Corte dijo en este caso es que la consulta previa es un
requisito fundamental, que debe ser concatenada con el establecimiento de
beneficios tangibles para la comunidad afectada y que haya un proceso de participación.
¿Es vinculante la sentencia de la CIDH para el Estado ecuatoriano?
La CIDH
fue creada por decisión de los Estados que integran la OEA en 1959. Los Estados
que querían hacerse parte de la CIDH lo hicieron adhiriéndose a este organismo,
cuya función principal es la promoción y protección de los derechos humanos en
el continente americano. El tratado de la CIDH dice que las sentencias son de
obligado cumplimiento. Ecuador es uno de los Estados signatarios de la CIDH, es
decir, se adhirió voluntariamente a la Corte, en este sentido es vinculante y
no existen antecedentes de desobediencia en este sentido, ningún país cuestiona
esto.
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