Tenemos “redentores” de minería ilegal en Zamora

Han pasado más de 30 años desde el inicio del “boom” minero en Zamora Chinchipe y a pesar de los esfuerzos de las autoridades por poner orden, los problemas continúan.

Los conflictos son múltiples y van, por ejemplo, desde posesionarios que vendieron sus tierras y que ahora las quieren recuperar sin base legal alguna, hasta la contaminación de ríos.   

Hace unos 15 días, la hermana Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, denunció el supuesto desplazamiento de una comunidad en la provincia para la ejecución de labores mineras, lo cual es desmentido por el gobernador José Paqui.  La autoridad provincial asegura que detrás de muchos cuestionamientos al trabajo de las autoridades se encuentran los “redentores” de los mineros ilegales.

Aseguró que entre ellos hay dirigentes políticos y representantes  de empresas que tienen intereses.

El funcionario nacido en Yacuambí, pero de procedencia saraguro (por sus padres), se refirió además a las labores de rescate de dos personas que aún no han podido ser halladas tras el deslave ocurrido el 30 de marzo en el sector de Piedras Blancas, en Paquisha.

¿Es cierto que fue desplazada una comunidad para la ejecución de un proyecto minero?

No hay ningún tipo de desplazamiento. Lo que existió tiene referencia a una propiedad de unos ciudadanos que vendieron a una empresa. Estas personas trabajaron para esa empresa y luego se quisieron apropiar de lo que vendieron.

Entonces, ¿qué sucedió?

En uso de su legítimo derecho, como propietarios titulares y lo demostraron en el Registro de la Propiedad, los afectados tomaron acciones y mediante la decisión de un juez de lo Civil pidieron que se dé el desalojo de la propiedad que les corresponde.

¿Quiénes son las personas que aparecen en el video presentado por la hermana Monge?

No he visto las imágenes y no puedo reconocer si son ciudadanos de la provincia.
 Estos temas parece que son aprovechados por algunas personas para cuestionar la labor de las autoridades del sector...
 Las cordilleras, los ríos y la espesa montaña son de difícil  acceso y por eso se vuelve complicado el control.

¿Quiénes están detrás de las críticas?

Cuando se hacen los controles, detrás de ello están actores políticos que defienden la ilegalidad. Defienden a la informalidad y la actuación al margen de la ley. Ya pasó en el 2009, en el Parque Podocarpus. Se realizaron actividades mineras en el sector de San Luis. El Ministerio del Ambiente de manera responsable presentó la demanda, se cumplieron las formalidades y se dio el desalojo. En ese momento salieron los “redentores”.

¿Quiénes son esos redentores?

Los que dicen que defienden a la madre naturaleza, los que luchan para pedir que Zamora sea declarada como “Pulmón de la Amazonía” o fuente de agua y vida. Son los mismos de siempre... Son los defensores de los ilegales. Cuando les conviene, defienden a la naturaleza,  pero solo lo hacen en el  discurso. En eso están el asambleísta Jiménez, el prefecto Quishpe...

¿Por qué?...

Con sus actitudes han demostrado una contradicción en sus discursos. En el 2010 defendieron la minería ilegal. Se hizo un destrozo ambiental en un sector. Se hizo una valoración  para reparar el daño ambiental y este  costaba cerca de $ 2 millones. Ahí defendiendo a los ilegales y el atraco a la naturaleza estaban ellos.  Son Jiménez, Quishpe y el viceprefecto. Ahí estaban favoreciendo a la minería ilegal. Se olvidaron del agua, el pulmón de la Madre Tierra y todo eso. Defendieron sus intereses...

Ahora, ¿qué está pasando en Nambija que los mineros hicieron un reclamo aquí en la Gobernación?

En esta zona se tomó una decisión por parte de la Subsecretaría de Minas de la Región 7. Se suspendieron temporalmente las actividades en el condominio norte y en el sur. Ello para precautelar la vida de los mineros. Ahí hay, de acuerdo a los registros, más de 100 labores mineras. En cada una operan de 4 a 7 personas, es decir habría unas 700 personas.

¿En qué condición legal están esas personas?

Ahí hay personas que operan legalmente que son reconocidos por la Secretaría de Minas. Otros que vendieron sus trabajos y que los  volvieron a retomar. Es decir, hace décadas, por el año 97 hubo la compra de los derechos por parte de una empresa con capacidad para invertir.

Los dueños de frentes de trabajo vendieron a esa empresa. Ahí hay una participación mayoritaria de la compañía. Ahora esas personas que vendieron decidieron regresar. Están al margen de la ley. Empezaron a operar y ahora demandan que la empresa salga.

¿Y los otros?

Hay minería legal con sus respectivos títulos. Otros que están en proceso de trámite para tener los permisos. En Nambija hay 1.500 personas operando. Unos dan servicios con la actividad minera, venden explosivos o proveen alimentos. Hay otros que están al margen de la ley.

¿Por qué se suspendieron las labores?

En base a un informe de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) nos dijeron que hay zonas de alto riesgo. Para precautelar la vida de esas personas se suspendieron las labores. Hace pocos días me visitó una delegación de 150 personas. Se llegó al compromiso para que se dé una visita a cada zona.  Comenzaremos en Nambija. Se darán instrucciones y se asumirá compromisos. Eso  lo haremos con la Arcom. Quien no quiera asumir el compromiso, no podrá continuar operando.

¿Esta medida provocará pérdidas para muchos?...

Siempre se ha tratado de desinformar y manipular la información. No se contribuye en nada para garantizar la vida. Eso lo hacen dirigentes mineros con una empresa. Existe una disputa que se debe resolver en una instancia legal. La empresa Cumbaratza tiene una concesión de 30 mil hectáreas donde alberga a un conjunto de mineros, sociedades y asociaciones. Esto ya se resolvió y los títulos están registrados para los mineros de la zona.
Hay gente que está detrás de esto. Se aprovecha de estas decisiones para   acusar al Gobierno de que se quiere dejar en la indefensión, matar de hambre a la gente y otras cosas.

¿Es posible medir el impacto económico y ambiental que dejan las actividades ilegales?

Esta actividad afecta triplemente: se extraen recursos minerales sin tributar, usan combustible subsidiado en sus labores y afectan al medio ambiente. Si no sabemos cuánto sacan no podemos determinar la pérdida para el Estado.

Hace casi un mes se produjo un deslave de grandes magnitudes que cobró la vida de 6 personas, de las cuales 4 fueron halladas, ¿qué va a pasar con las que siguen allí?

Las labores de rescate no se han terminado. Sacamos los restos de 4 y hallamos una extremidad de otro. La búsqueda se mantiene a través del COE de Paquisha.

• Fuente el Telegrafo