Desde hace varios años atrás, el gobierno nacional ha convertido en una política de estado a la criminalización de la lucha y la protesta social. Los más de 200 dirigentes procesados entre judicializados, sentenciados y perseguidos han pasado a engrosar una lista que, lejos de disminuir, tiende a crecer conforme avanzan los planes gubernamentales de extracción y despojo de los territorios indígenas, campesinos y afro-descendientes para promover proyectos de mega minería, extracción petrolera y agro negocios en todo el país.
Este lamentable proceder no solo afecta a los luchadores y luchadoras directamente acusados por sabotaje y terrorismo, sino que repercute sobre decenas de familias, esposas y esposos, hijos e hijas de los dirigentes y líderes sociales perseguidos. Para agudizar tal situación, a pocas horas del triunfo electoral del actual gobierno en las semanas pasadas, ya se tejían desde los tribunales de justicia -manejados al servicio de la política de criminalización- la persecución sistemática a diversos líderes populares, como es el caso de los dirigentes acusados de terrorismo en San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, por ejercer su legítimo derecho a la resistencia ante la empresa hidroeléctrica HidroTambo S.A. Posteriormente, en clara muestra de la influencia ejercida sobre la justicia, se sentenciaba a los 10 jóvenes de Luluncoto, en un proceso sumamente cuestionado por la opinión pública, organizaciones sociales y diversos organismos, en vista de la falta de argumentos utilizados como pruebas para la sentencia. En días recientes, en un acto de demostración de la supremacía de la justicia al servicio del gobierno, se ha dictado prisión preventiva para los jóvenes del colegio Central Técnico.
Hace pocas horas, los compañeros Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi, líderes de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, y compañeros miembros de FOA – ECUARUNARI – CONAIE irán a prisión, condenados por su lucha en defensa del agua y el páramo de Kimsacocha. Esto en medio de actos de demostración del pueblo de su rechazo a tales medidas por parte del gobierno de turno.
Hoy más que nunca los actos de persecución están a la orden del día. Sin embargo solamente en unos pocos casos tales hechos llegan a conocerse públicamente, ya que muchos otros pasan en el anonimato frente a las constantes amenazas de las empresas transnacionales contra los dirigentes sociales, líderes campesinos, indígenas y afro-descendientes, y todo aquel quien pretende luchar por la defensa de la tierra, el territorio, el agua y la vida.
Es importante recalcar que con procesos judiciales faltos de transparencia y desapegados de la verdad NO puede existir una revolución judicial cuando se tiene una constitución garantista que no genera condiciones para el proceso de construcción del estado plurinacional. Ante ello una de las premisas fundamentales es la denuncia y condena de la sociedad civil de los abusos y excesos del poder contra el pueblo ecuatoriano.
Desde la Amazonía ecuatoriana, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana CONFENIAE se suma a las miles de voces de rechazo a todos los actos de persecución y criminalización contra nuestros hermanos y hermanas de la lucha, y expresa su firme voluntad de mantener altiva su voz de protesta contra estos y otros atropellos que sufrimos los pueblos indígenas en nuestra propia casa, en especial la política extractivista que busca privarnos de nuestros territorios, del agua y de la vida, en beneficio de los intereses económicos de unas cuantas empresas nacionales e internacionales, camuflando tales actos con una supuesta política favorable para con nuestro pueblo, que ha pasado a convertirse más bien en una práctica clientelar, benefactora y asistencialista que de ningún modo permitirá sacar a nuestro pueblo de la pobreza, como se dice en el discurso.
Nuestras bases se mantienen firmes y vigilantes, no claudicaremos en nuestra lucha y ejerceremos nuestro legítimo derecho a defender nuestros territorios desde cualquier parte del país donde nos encontremos, incluso desde la cárcel. Le exigimos al gobierno que se detenga la persecución a los pueblos indígenas ya que en ningún lugar podrán encarcelar a las miles de personas dispuestas a luchar y a resistir por el territorio y por la vida.
Puyo, 22 de Marzo de 2013
Franco Viteri Gualinga
Presidente de la CONFENIAE
Presidente de la CONFENIAE
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