La Fiscalía de Pastaza se abstuvo de acusar a siete miembros de las comunidades huaorani de Tigüino y Bataburo, en el juicio que se les sigue por sabotaje y terrorismo desde el 2010. Los indígenas expresaron semanas atrás su molestia por ese proceso e incluso amenazaron con usar sus lanzas y otras armas para propiciar ataques.
Los siete acusados enfrentan el proceso por supuestamente haber organizado un levantamiento que paralizó las actividades petroleras de la empresa Petrobell en esas comunidades ubicadas en la selva. Ellos acudieron ayer a la audiencia preparatoria de juicio ante el juez segundo de Garantías Penales de Pastaza, Édgar Fiallos.
Horas antes de la audiencia, miembros de la Policía custodiaron las inmediaciones de la Corte de Pastaza, pues dirigentes de la etnia anunciaron la posible llegada de guerreros huao equipados con lanzas.
Sin embargo, los acusados, Roberto, Juan y Richard Ima Enqueri; Carlos, Tademo e Iki Ima Omene y César Nihua Ima, arribaron a las 15:00 acompañados únicamente de sus familiares y del defensor público de esta provincia, Marco Vargas.
En la audiencia, Vargas solicitó al juez que decline la competencia para que los procesados sean juzgados en territorio huaorani bajo sus propias leyes, lo que fue negado por Fiallos.
Luego, la fiscal Maribel Barreno, encargada de las investigaciones en el caso, en su intervención se abstuvo de acusar a los demandados por considerar que no se ha podido determinar que ellos sean los responsables en la afectación de bienes de la petrolera Petrobell y de la pérdida de 34.236 barriles de petróleo, por la paralización de las actividades petroleras entre el 17 y 22 de marzo del 2010.
La abstención de la fiscal fue rechazada por la representante de la Secretaría de Hidrocarburos y por el representante de la petrolera, que ratificaron la pérdida del petróleo y la afectación económica de $ 3,5 millones. Pidieron que se continúe con las investigaciones.
Por la falta de acusación por parte de la fiscal Barreno, el juez Fiallos emitió una resolución previa de elevar a consulta a la Fiscalía provincial, que deberá ratificar o rectificar el pronunciamiento de la fiscal.
Uno de los involucrados, César Nihua, dijo no sentirse satisfecho con la decisión del juez y que la etnia da plazo hasta el 15 de marzo para una resolución favorable. Caso contrario tomarían medidas de fuerza.
Fuente. Diario el Universo
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