jueves, 24 de enero de 2013

Plan A: El país se desayuniza

¿Saben qué, señores?: vayan a mandar a su casa, cambien sus donaciones en centavitos y pónganselas en las orejas porque nosotros no vamos a recibir órdenes de nadie, porque esa plata es del pueblo ecuatoriano".

Ese día, el 9 de enero del 2010, el presidente Rafael Correa daba un golpe de gracia a la Iniciativa Yasuní-ITT. Era una pequeña que apenas empezaba a caminar y que desde entonces tuvo que hacerlo a paso lento frente a la rapidez del plan de extracción del petróleo del bloque 43. Ahora el Yasuní está cercado y Tiputini está condenado a ser el nuevo epicentro de la actividad petrolera en una zona de alta sensibilidad ambiental, como antes, en los años 70, fueron Lago Agrio y Shushufindi. De hecho, el Municipio de Aguarico, el cantón de la provincia de Orellana donde se asienta este enclave, cambió su sede desde Nuevo Rocafuerte hasta Tiputini.


El intenso movimiento de maquinaria pesada (ver fotos), la construcción de instalaciones, como puertos, helipuertos y termoeléctricas, la apertura de caminos de 18 metros de ancho en zonas frágiles en las riberas del Tiputini, la descarga de inmensa tubería en el bloque 31, el cual está dentro del Parque, son algunas evidencias que dan cuenta de que el Plan B, el de explotación, se posiciona como Plan A.


Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, se suma a las voces que indican que  "la posición del gobierno frente a la Iniciativa fue ambigua desde el principio". Así, mientras Ivonne Baki pasea por el mundo a la búsqueda de recursos, los operadores estratégicos del correísmo avanzan con una agenda de presión gradual sobre el Yasuní. 

Un equipo de Acción Ecológica y Oil Watch recorrió la zona y, en efecto, halló un territorio cubierto de camiones, contenedores, retroexcavadoras, grúas, gabarras y dragas de gran calado, tubos y barriles oxidados sobre la vegetación de lo que, cinco años atrás, todavía era un edén. Los testimonios de esa triste odisea se recogen en el informe ¡Yasuní, el crudo despertar de un sueño! Un documento impugnador sobre la situación ambiental y social en torno a este refugio de biodiversidad acosado por la maldición de la abundancia y comprometido con empresas petroleras chinas...


Patricio Chávez, de Oil Watch, ha visitado el Yasuní al menos seis veces en los últimos años y recuerda que casi no se veían instalaciones petroleras, mientras se alejaba del Coca por el río Napo aguas abajo. Ahora todo es distinto y cada ciertos   tramos  hay un nuevo muelle en construcción ligado a la industria hidrocarburífera. Martínez distingue una estrategia oficial en torno al Yasuní que da cuenta de que, más temprano que tarde, el petróleo del ITT dejaría el subsuelo amazónico.  Una estrategia en cinco actos. Primero: la construcción paulatina de infraestructura petrolera. Dos: el establecimiento de acciones distractoras, como el inicio de la décimoprimera ronda petrolera en la Amazonia centro-sur para que baje la atención global sobre el Yasuní. Tres: la creación de una necesidad (más obra pública, más deuda que se pague con petróleo…) para justificar como inexorable el plan hidrocarburífero. Cuatro: la imposición del guión oficial, mediante la criminalización de la protesta social. Y cinco: el diferimiento del inicio de la explotación para un futuro no lejano.


En ese sentido, el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini es un rehén de la política extractivista de Rafael Correa. Para empezar, y si se miran los mapas petroleros, el ITT se halla atenazado por los bloques 31 y el 14, dos territorios sobre los cuales grupos ambientalistas señalan dudas. El 31, por ejemplo, opera en estricto derecho sin licencia ambiental. Ese es el criterio de Acción Ecológica. El 80 por ciento de su área está dentro del Parque Nacional Yasuní, situación que riñe con el artículo 407 de la Constitución, el cual prohíbe la actividad extractivista en zonas protegidas. Además, la estatal Petroamazonas, operadora del 31, no cuenta con los respectivos permisos. Lo que existía era una licencia conferida a Petrobras, antigua operadora, en el 2007, cuya validez se extinguió con la nueva Carta Magna.


El discurso oficial, de su lado, relieva los parámetros de eficiencia de Petroamazonas y por ende posiciona el criterio del menor impacto ambiental posible. En la naturaleza, sin embargo, funcionan otras lógicas. Y la incidencia en una zona específica genera efectos en cadena hacia otros ecosistemas.

La apertura de una carretera, por ejemplo, marca una influencia negativa sobre 100 metros a cada lado, con lo cual se interrumpen los pasos naturales de los animales y las relaciones simbióticas de la vegetación, además de constituir una amenaza para los pueblos no contactados. Y en las puertas del Yasuní ya está lista una carretera de 15 kilómetros de largo por 18 metros de ancho… Petrobras aprovechó una trocha y avanzó hasta tres kilómetros antes de la ribera del Tiputini. Cuando el Estado entró a operar en el bloque se concluyó la vía y se la ensanchó de tal suerte que ahora, por allí, pueden circular camiones en dos sentidos.


Esto es solamente una parte de un plan más agresivo. En el bloque 31 se levantan dos plataformas, Apaika y Nenke, las cuales están en el Parque Nacional Yasuní, y se proyectan la construcción de un oleoducto de 30 km, campamentos, helipuertos y la perforación de 14 pozos...

En el bloque 14 la situación también es llamativa porque el Estado y la empresa china Petroriental acordaron el cambio de límites en el 2011, cuando se modificó el modelo de contrato de participación a prestación de servicios. Con esta medida, el 14 devolvía territorios en el noroccidente del Yasuní pero ganaba un brazo hacia el este para conectarse con el bloque 31 y con el ITT. El Yasuní, además, ahora se ha convertido en un territorio vedado de registro audiovisual. En el poblado de Llanchama el Ministerio del Ambiente ha levantado un punto de control. "Este Ministerio viene a constituirse en una especie de nueva empresa de seguridad para Petroamazonas —cuenta Patricio Chávez—. Desde allí se controla a las personas que ingresan y lo que llevan. Ellos prohíben, por ejemplo, introducir cámaras de video, por pedido de la empresa petrolera. Para ello se debe tener un permiso de Ambiente y de Petroamazonas".

Pese a todas estas cortapisas, Esperanza Martínez dice que las organizaciones ambientalistas y la ciudadanía van a luchar hasta el último día para que el petróleo del ITT se mantenga en tierra. Dentro de sus estrategias de denuncia y resistencia baraja la posibilidad de solicitar a la Asamblea la convocatoria a una consulta popular sobre el ITT y la vigencia de las operaciones en el bloque 31.

Entre tanto, organizaciones como Acción Ecológica y Oil Watch seguirán con su tarea quijotesca de información. Su persistencia acaba de ser reconocida por el IPCC con un premio por su campaña en torno al Yasuní. Se trata de otro espaldarazo internacional a las voces críticas del guión extractivista del correísmo.

 (Fuente: Revista Vanguardia)

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