Comunidad Sarayaku a la espera de retiro de explosivos de su territorio

Puyo (Pastaza). En Puyo se reunió el pasado lunes por primera vez una comisión de Gobierno Nacional con dirigentes del pueblo quichua de Sarayaku, como parte del proceso para cumplir con el fallo que dictó el pasado 27 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los indígenas. Entre los temas pendientes principales figura el retiro de explosivos del sector.

La subsecretaria de DDHH del Ministerio de Justicia, María del Carmen Jácome, señaló que el Gobierno acatará la sentencia en todos sus puntos: “Que tengan toda la confianza porque hay un férreo compromiso del Gobierno ecuatoriano en la defensa y promoción de los DDHH y los estamos demostrando con señales de buena fe”.

Durante la reunión se discutió sobre la pentolita que se sembró en unas 20 mil hectáreas de selva por la petrolera CGC, cuyo ingreso originó la demanda. Según el presidente del pueblo, José Gualinga, se descarta que se cubran las cargas con cemento, detonarlas o retirarlas por el impacto ambiental que ocasionaría hacerlo.

“(Es necesario) Dejarla en el subsuelo lo que está enterrado y delimitar con plantas que identifiquen que esa zona es peligrosa o que se declare en una zona en cuarentena”, manifestó Gualinga. 

Efectivos del GIR de la Policía Nacional se encargarán de la búsqueda, recuperación o desactivación de los explosivos que estarían en la superficie en un área de un kilómetro de ancho y tres de longitud de la línea sísmica que trazó la petrolera. Ese trabajo deberá tener el apoyo de la comunidad, dijo Rodrigo Braganza, jefe de la zona 8.

El 20 de febrero habrá otra reunión en Sarayaku para definir un cronograma para el inicio del trabajo. Finalmente se informó que el Gobierno pagará la indemnización de un $ 1’340.000 en el segundo cuatrimestre de este año.

Tomado de Ecuavisa.com, miércoles 23 de enero de 2013 12:12