Nuevos anuncios de ronda petrolera reactivan protestas

 Ecologistas e indígenas protestaron ayer afuera del lugar donde el Gobierno anunciaba fechas para licitación petrolera.

Con una bienvenida a los “amigos y amigas”, inversionistas del sector petrolero y el ofrecimiento de estabilidad política y jurídica, el presidente Rafael Correa formalizó anoche la convocatoria a la undécima ronda de licitación petrolera.

El Estado licitará 16 bloques petroleros de la región amazónica con más de 3.500 millones de barriles en reservas probadas, de las cuales cerca de dos mil millones están en producción y la diferencia en campos aún no explorados.

Lanzada la ronda de licitaciones, la próxima semana se publicará la convocatoria, a escala internacional, en el Financial Times y en el Oil & Gas Journal, que son los medios más leídos en el campo financiero y petrolero, precisó ayer Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales no Renovables, quien hizo el anuncio en el VII Encuentro anual de la energía y el petróleo organizado por Seminarium.

De ahí se iniciará un periodo de seis meses para ofrecer información a los inversionistas que deberán adquirir el paquete a un costo de $ 100 mil por bloque. Estas se receptarán el 30 de mayo del 2013 y en noviembre de ese año se firmarán los contratos para trece campos ubicados en Pastaza y Morona Santiago.

Mientras afuera del hotel Marriot, donde se desarrolló el seminario, grupos ecologistas e indígenas rechazaban la ronda y explicaban que atentar contra el ambiente es contrario al buen vivir que promulga el Gobierno. Es que la zona que se dará a licitación alberga a siete nacionalidades indígenas, dos de ellas en extinción. 

Franco Viteri, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, dijo que no hay garantías jurídicas para las empresas que opten por participar en la ronda petrolera. Los indígenas amenazaron con hacer uso del derecho a la resistencia. 

Reclamaron que el Gobierno no cumple el discurso que promociona a nivel internacional de defensa a los derechos de la naturaleza. Para Domingo Peas, un representante achuar, las comunidades no se oponen al desarrollo, pero el problema es que los costos ambientales y sociales de la ronda son superiores a los eventuales beneficios económicos. Explicó que el proceso anunciado pone en riesgo tres millones de hectáreas de bosque virgen, por encima de las 200 mil hectáreas que se pretenden proteger en el Yasuní-ITT.
Fuente : Diario el Universo