LA CONFENIAE A LA OPINION PÚBLICA

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, CONFENIAE denuncia ante la opinión pública, que la Constitución ecuatoriana y los derechos de los pueblos indígenas han sido atropellados al implementar irresponsablemente el Decreto Ejecutivo 1247 (emitido el 19 de julio de 2012) correspondiente a la consulta previa, libre e informada para la extracción de hidrocarburos, el mismo que ya está siendo aplicado sin ningún tipo de consulta.

El ejemplo claro es lo que sucede con la Nacionalidad Sápara, quienes están sufriendo la intromisión del gobierno y causando división en su territorio. Cabe recordar al Estado que la Nacionalidad Sápara fue declarada por la UNESCO como “patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”. El ingreso arbitrario de la Subsecretaría de Hidrocarburos al territorio Sápara genera la desintegración de sus instituciones comunitarias y organizativas, provocando enemistad familiar. Está claro que, posteriormente, el Estado aplicará las fuerzas armadas para llevar adelante la implementación de la XI Ronda de Licitación Petrolera usando así una vez más la institución en contra de los derechos de los pueblos indígenas.

La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Tratados, Convenios y Pactos sobre derechos indígenas y colectivos en el marco de los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo no han sido acatados a plenitud por el Régimen, sino que en su lugar, el Estado ha reforzado una agresiva campaña publicitaria  a nivel nacional e internacional de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Denunciamos de igual manera la persecución de líderes indígenas que defienden Derechos, mientras el régimen brinda asilo a Julián Assange que indudablemente es un derecho que cualquier ciudadano merece en el mundo cuando es perseguido por una causa justa anti poder hegemónico, ¿por qué el Estado no es coherente con la política interna de nuestro país respecto a quienes luchan por sus derechos constitucionales? ¿Dónde pediremos asilo los perseguidos por terroristas por oponernos las actividades extractivistas?

La campaña publicitaria y mediática desplegada en comunidades,  así como el proceso de socialización impulsada para promover a la XI Ronda Petrolera por parte del gobierno de turno utiliza información parcializada hacia los intereses extractivistas, que convierten al pueblo en un simple receptor de información. Los relacionadores comunitarios están haciendo un trabajo de colonización y alienación al transmitir las supuestas bondades de las políticas públicas del Estado a las comunidades ya que es más fácil negociar con las comunidades que han perdido todo.

El Estado ecuatoriano ha reducido la consulta previa, libre e informada a una simple charla de información de socialización de los funcionarios de la Subsecretaría de Hidrocarburos que no cumplen los parámetros que determina el Sistema Interamericano pero que si han servido para confundir a la opinión pública y a algunos miembros de las nacionalidades quienes con botiquines regalados por la Subsecretaría de Hidrocarburos han dado sus rúbricas como es el caso de la nacionalidad Sápara. Pero al mismo tiempo, han levantado sus voces para emitir un pronunciamiento de legítima denuncia frente a estos acontecimientos.

La consulta de buena fe debe realizarse de acuerdo al artículo 57 numeral 7 que es el que recoge los convenios y tratados internacionales y debe apuntar al consentimiento previo, libre e informado, como consta en la Sentencia de la Corte IDH. Sin embargo, incluso a este precedente histórico el régimen lo ha utilizado tergiversando su alcance jurídico al manifestar tramposamente que “felicita al pueblo de Sarayaku y que han perdido quienes quisieron imponer el consentimiento y frenar la ronda petrolera”

Precisamente por ello, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, CONFENIAE presentó un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) para refutar el informe presentado por el Estado ecuatoriano, en la cual presenta la situación de los pueblos indígenas de total goce de los derechos colectivos. Pero la realidad es distinta. Las nacionalidades y pueblos indígenas somos  víctimas de una arremetida inconsulta a nuestros territorios ancestrales para continuar con la explotación indiscriminada de los recursos naturales el cual reduce los territorios indígenas. No hay respeto al derecho a la consulta previa y consentimiento, y ejemplo de ello es la explotación del bloque 31 ubicado en el parque Nacional Yasuní el cual es territorio ancestral de la nacionalidad Waorani. Las normas legislativas se han aprobado de manera inconsulta pese a que éstas afectan directamente a nuestros derechos colectivos. Nuestras voces no han sido escuchadas, al contrario los hechos de resistencia han sido judicializados, somos perseguidos y estigmatizados, sentenciados como terroristas y saboteadores por el régimen estatal. Mediante los medios de comunicación el gobierno ha hecho campañas de desprestigio a los dirigentes, lo cual contradice con la constitución porque de alguna manera se incita a la discriminación.

Por una lado persigue y sentencia a periodistas, dirigentes sociales y criminaliza la protesta social y por el otro, se muestra como defensor de las libertades a nivel internacional. No se ha castigado la corrupción ni el nepotismo que ha caracterizado a todo gobierno de turno y esta no es la excepción.

Exigimos que se cumpla la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento a los pueblos indígenas. Exigimos al gobierno nacional ser coherente con su política y discurso.

Lunes, 20 de Agosto de 2012