El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra el Estado ecuatoriano por la violación de derechos del pueblo Sarayaku, es un duro revés al extractivismo, y sepulta las ambiciones de los promotores del Plan B para explotar el ITT, así como entierra las nuevas rondas petroleras que impulsa el gobierno en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, señaló el analista petrolero Fernando Villavicencio.
Villavicencio, denunció que fue el gobierno de Rafael Correa el que, través del Ministro Wilson Pastor y las autoridades de EP PETROECUADOR, indemnizaron a la Compañía General de Combustibles CGC, acusada de haber vulnerado los derechos del pueblo indígena, con más de 20 millones de dólares. “Qué injusticia, las víctimas recibirán U$ 1.4 millones, mientras a los victimarios el gobierno les premió con 20 millones”, agregó.
La responsabilidad recae en varios gobiernos, iniciando con el de Sixto Durán Ballén que suscribió el contrato, así como los regímenes de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, que permitieron a CGC durante los años 2002 y 2003 que realice sísmica dentro del territorio del pueblo Sarayaku, instalando 1433 kilogramos de pentolita en 467 pozos, provocando condiciones de gravísimo peligro para las comunidades, explicó Villavicencio.
El gobierno de ese entonces (2003) en forma ilegal aceptó el pedido de fuerza mayor solicitado por la contratista, preparando de esa forma el terreno jurídico para los posteriores reclamos de indemnización económica planteada por CGC.
Pero, lo actuado por las autoridades petroleras del gobierno de Rafael Correa, constituyó un verdadero salvataje económico a la contratista y un millonario perjuicio para el país; pues, pese a conocer y estar advertidas que el 26 de abril del año 2010, la Comisión Interamericana elevó la demanda al Tribunal, mismo que ordenó medidas provisionales a favor del pueblo Sarayaku, en noviembre del año 2010, desconociendo tan importante decisión del organismo internacional, el Ministerio de Recursos Naturales, las autoridades de EP PETROECUADOR, y los representantes de CGC, suscribieron un acuerdo, a través del cual el Estado indemnizaba a la compañía extranjera con 20 millones de dólares. El gobierno debía esperar el fallo de la Corte, y sobre esa base establecer los términos económicos para finaliza el contrato, dijo Villavicencio.
Villavicencio alertó de otra irregularidad, como fue la concesión de una parte del Bloque 23, a favor de la transnacional AGIP-ENI, realizado por el Ministro Wilson Pastor, en diciembre del año 2010, dentro del proceso de renegociación de los contratos de exploración y explotación petrolera, donde se anexó al bloque 10 de Agip, los campos Oglan de Petroecuador y la citada área perteneciente al bloque 23
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