“Las
violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas siguieron
suscitando honda preocupación pese a algunos avances positivos en la región”,
señala Amnistía. “Al no respetarse los derechos de los pueblos indígenas no
solo se resintieron sus medios de subsistencia, sino que las comunidades
también sufrieron amenazas, hostigamiento, desalojos o desplazamientos
forzosos, ataques y homicidios a medida que se intensificaba la campaña para
explotar recursos en las zonas donde residían”, resalta el informe.
Los
Sarayaku han llevado su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a
la que reclaman su derecho a ser consultados y poder decidir sobre los
proyectos que afectan a su desarrollo. Un derecho que el Gobierno de Ecuador
les niega. La decisión del tribunal “afectará a miles de comunidades
indígenas”, según Mariano Machain, del Programa América de Amnistía.
“Lo
que queremos es que sean las personas que viven en sus lugares las que dieran
autorización o aceptaran el ingreso de todo tipo de empresas petroleras,
mineras, madereras, y que no se ingresen así, sin autorizar, con engaños, con
mentiras, con regalos… Que sea algo conocido desde el punto de vista indígena,
aceptado desde nuestro punto de vista”, explica Noemí Gualinga, que está casada
con un sueco finlandés y lleva 20 años viviendo a caballo entre Finlandia y
Ecuador.
“Queremos
un desarrollo a nuestra manera. Hay muchas maneras de desarrollarse. No solo el
petróleo y las minerías son un desarrollo en el mundo entero. Por ejemplo, en
nuestro lugar hay un espacio donde nosotros mismos podemos hacer la educación a
nuestra manera; el desarrollo de la salud desde el punto de vista nuestro,
desde como lo llevaban antes nuestros antepasados, mejorándolos; en economía,
también, desde cómo se vive pero no con un desarrollo que signifique podemos
desaparecer, porque eso es lo que significan las petroleras para nosotros:
desaparición”, añade.
El
de los indígenas no es el único problema de América Latina subrayado por
Amnistía Internacional. El informe de 2011 enfatiza también las violaciones de
derechos humanos a cargo de la policía y destaca en especial la muerte el 11 de agosto pasado de la jueza brasileña
Patricia Acioli por
disparos de varios agentes de la Policía Militar frente a su casa de Niterói,
en el Estado de Río de Janeiro.
Amnistía
hace hincapié también en las demandas de justicia y del fin de la impunidad,
problemas de seguridad pública, los “indecibles sufrimientos” que el conflicto
armado de Colombia causa a la población civil, la violencia contra mujeres y
niñas o la discriminación a los inmigrantes.
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