El deporte politizado no juega a favor del país

La intervención en 40 federaciones deportivas autónomas por parte del gobierno pone en vilo la presencia de nuestros atletas en Londres

Hay pedagogías con las cuales el gobierno enreda las cosas. Ese es el caso de la intervención del Ministerio del Deporte en 40 federaciones deportivas nacionales. El acto, que en tiempos de justicia correísta tuvo el parapeto legalista correspondiente, destrozó de un plumazo la autonomía administrativa, financiera y deportiva de las federaciones, y por ende del movimiento olímpico ecuatoriano. Por una acción así, el país ya fue suspendido por varios meses en 1995.  La acción del ministro José Cevallos, respaldada políticamente por el presidente Rafael Correa es de alto riesgo. Y sus argumentos son variopintos, mezclándose aquí desde los imperativos morales hasta los de gestión: que los dirigentes deportivos se han eternizado en los cargos, que no rinden cuentas de sus actos ni del dinero que reciben del Estado, que han violado una  norma transitoria de la Ley de Deportes y no renovaron sus directivas... Incluso se acudió a la manida soberanía nacional, que como justificación sirve ahora para cualquier cosa.  
Todas ellas acusaciones que podrían ser rebatidas de haber mediado el derecho constitucional al debido proceso, el acatamiento a la propia ley, que consagra el respeto y cumplimiento de las normas internacionales por parte de los actores del deporte de alta competencia en el Ecuador.

La precipitación y el pésimo momento de esta intervención también dejaron en el camino cicatrices legales. Que un ministro pida, y obtenga, un recurso de amparo de un juez para imponer sus normas rompe también con los principios constitucionales. Los amparos y medidas cautelares sirven a los ciudadanos contra los abusos de las autoridades públicas. Puede que un funcionario como el Ministro no esté al tanto de esto, pero un juez de garantías sí tiene esta obligación.  Las federaciones deportivas tienen, además, estatus jurídico privado y su intervención, incluso en lo financiero, rompe también las garantías constitucionales de seguridad jurídica e igualdad ante la ley. 
Pero el impacto va mucho más allá de una metida de mano en el deporte olímpico. Las consecuencias recaen sobre los atletas, sus equipos técnicos y la esperanza de los ciudadanos. Sólo puede ser producto del desconocimiento el no prever que el movimiento olímpico iba a reaccionar con espíritu de cuerpo frente a estos hechos. La historia de las intervenciones políticas en el olimpismo han sido contraproducentes. No olvidemos cómo Hitler quiso hacer de los Juegos Olímpicos una tribuna para el nazismo y su perversión racial.
Así que las advertencias de suspender a los atletas ecuatorianos en todos los juegos y participaciones internacionales en todos los deportes no se han hecho esperar. Más cuando estamos a pocas semanas del inicio de los Juegos de Londres y los atletas ya clasificados preparan su participación y los demás agotan sus últimas oportunidades de clasificación. El daño causado en el ánimo de los atletas es grave y puede ser determinante.
Nadie está en contra de que el deporte ecuatoriano mejore. Pocos estarán de acuerdo en que se sigan fomentando cacicazgos en las federaciones deportivas, donde habrá dirigentes que se crean con mayor derecho que los atletas. Y nadie puede negarse a una auditoría de gestión y de recursos. Pero una cosa son los argumentos y otra los actos ilegales y politizados. Los deportistas ecuatorianos no se merecen este caos.