Agregó que el mandatario y delegados de la Corte -como su titular, el peruano
Diego García Sayán- dialogaron en la residencia del Palacio de Carondelet, sede
del Ejecutivo, donde Correa ofreció un almuerzo a los visitantes, según la
agenda presidencial.
El tribunal deberá dictar sentencia en una demanda de aborígenes de la comunidad amazónica de Sarayaku contra el Estado por supuestas violaciones a los derechos humanos ante la inconsulta presencia de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) en su territorio del sureste del país.
La querella, planteada en principio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), surgió a raíz de que Ecuador concesionara en 1996 el bloque 23 a CGC "sin ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento", según el presidente de la etnia Sarayaku, José Gualinga.
El sábado, los delegados de la Corte visitaron Sarayaku junto al secretario jurídico de la presidencia de la república, Alexis Mera, quien sostuvo que "toda reparación que haya que hacer a la comunidad, el Estado está dispuesto a realizarla".
En Carondelet, Correa ratificó el compromiso de su gobierno con el caso Sarayaku, mientras que García Sayán dijo que "nuevos vientos soplan en el Ecuador", en alusión a la apertura del Ejecutivo a las demandas indígenas, según la presidencia.
La concesión a la firma argentina, que abandonó al área de Sarayaku en 2003, fue retirada, dijo Correa el sábado, y anotó que el Estado es "responsable de los daños" causados, aunque acusó a dirigentes indígenas de querer evitar la explotación de crudo bajo el asesoramiento de fundaciones extranjeras como la francesa Paroles de Nature
El tribunal deberá dictar sentencia en una demanda de aborígenes de la comunidad amazónica de Sarayaku contra el Estado por supuestas violaciones a los derechos humanos ante la inconsulta presencia de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) en su territorio del sureste del país.
La querella, planteada en principio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), surgió a raíz de que Ecuador concesionara en 1996 el bloque 23 a CGC "sin ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento", según el presidente de la etnia Sarayaku, José Gualinga.
El sábado, los delegados de la Corte visitaron Sarayaku junto al secretario jurídico de la presidencia de la república, Alexis Mera, quien sostuvo que "toda reparación que haya que hacer a la comunidad, el Estado está dispuesto a realizarla".
En Carondelet, Correa ratificó el compromiso de su gobierno con el caso Sarayaku, mientras que García Sayán dijo que "nuevos vientos soplan en el Ecuador", en alusión a la apertura del Ejecutivo a las demandas indígenas, según la presidencia.
La concesión a la firma argentina, que abandonó al área de Sarayaku en 2003, fue retirada, dijo Correa el sábado, y anotó que el Estado es "responsable de los daños" causados, aunque acusó a dirigentes indígenas de querer evitar la explotación de crudo bajo el asesoramiento de fundaciones extranjeras como la francesa Paroles de Nature
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