El inicio de la
exportación petrolera en el Ecuador en 1972 trajo ingentes recursos para el
Estado, pero también vino acompañado de un fuerte impacto ambiental, sobre todo
para la región amazónica. Según el Ministerio del Ambiente (MAE), desde 1967
(cuando se descubrieron los primeros pozos petroleros en la Amazonía) hasta el
2009, se han registrado 794 derrames de crudo y agua de formación solo en las
provincias de Orellana y Sucumbíos. El agua de formación es un fluido altamente
contaminante que sale con el petróleo y debería ser reinyectado al subsuelo.
Esto ha representado un derramamiento de más de 725 000 barriles de petróleo y
agua de formación en los ríos y la tierra de la Amazonía y las provincias de
Esmeraldas y Santo Domingo. Aún no hay cifras actualizadas de los derrames
registrados entre el 2010 y el 2013. Pero en ese último período se han dado dos
incidentes relevantes. El primero del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de 5
500 barriles en Esmeraldas en abril pasado y 11 000 barriles la semana pasada
en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote). Este tipo de derrames ha
causado daños a la propiedad privada de los pobladores de la zona,
contaminación de cultivos, muerte de animales domésticos de granja, impacto en
la calidad de agua, deterioro en la calidad de los suelos y pérdida en la
productividad, entre otros, según el MAE. Aunque la entidad no tiene
contabilizadas cuántas personas han enfrentado esta contaminación, tiene en sus
registros que fueron dañados cerca de 2,3 millones de metros cuadrados. Es
decir, una superficie equivalente a 300 veces el estadio Olímpico Atahualpa. El
investigador de la Universidad Andina, Carlos Larrea, señala que estas son las
consecuencias no deseadas de la actividad extractiva y generan dos graves
problemas para las personas y el ambiente. En primer lugar, los daños en la
altísima biodiversidad de la selva ecuatoriana con la consecuente afectación a
especies de la flora y la fauna. En segundo lugar, la afectación a la salud de
las poblaciones, principalmente como consecuencia de la contaminación de los
ríos.
Ello se evidenció en el último derrame que afectó a la provisión de agua
del Coca, en Orellana. Otros poblados como Shushufindi, Dayuma, Tiwino y San
Pablo Secoya enfrentan los mismos problemas por derrames registrados en los
últimos años. Una de las principales causas de los más recientes derrames,
según Larrea, es la edad del SOTE. El investigador afirma que la tubería fue
construida por Texaco para 1 000 millones de barriles en reservas. Es decir,
para máximo 25 años. Sin embargo, la infraestructura sigue funcionando luego de
41 años a su máxima capacidad. Larrea dice que no hay avances para solucionar
este problema. La representante de Acción Ecológica, Alexandra Almeida, dice
que los derrames y pasivos ambientales solo de Texaco afectaron a más de 30 000
personas. Afirma que una de las principales consecuencias por consumo de agua
contaminada con hidrocarburos es el cáncer en las personas. Indica que la
remediación ambiental es un proceso costoso y largo que no revierte el daño. Ni
Petroecuador ni el MAE tienen datos de los montos de compensaciones a las
comunidades afectadas. Las compensaciones no solo son monetarias sino también
en obras como infraestructura.
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