Son diez nombres. Diez historias, que se pueden resumir así, como en una ficha breve de registro.
Abigail Heras, cuencana de 28 años, egresada de la facultad de
Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Cuenca, casada, madre de un
niño de tres años. Cristina Campaña, quiteña de 23 años, estudiante de
Administración de la Universidad Central, Vice
presidenta de la Asociación Escuela de esta facultad. Fadua Tapia,
quiteña de 19 años, graduada del Colegio Benalcázar, estudiante de
primer semestre de Jurisprudencia de la Universidad Central, soltera,
madre de un niña de tres meses, estaba embarazada durante la detención
por lo cual es la única con medidas sustitutivas. Santiago Gallegos,
ibarreño de 30 años, ingeniero agroindustrial, trabajaba en el IESS de
Ibarra. Héctor Estupiñán, esmeraldeño de 27 años, ingeniero en sistemas,
dicente secundario y universitario. Royce Gómez, guayaquileño de 25
años, odontólogo que ha realizado trabajos en barrios marginales de
Guayaquil como el Guasmo.
César Zambrano, esmeraldeño de 19 años,
estudiante secundario, instructor de talleres de formación en
actividades culturales y sociales. Pablo Andrés Castro, quiteño de 24
años, estudiante de Gobernabilidad, quien,
cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del
Ecuador, FESE, le entregó al Presidente Correa el plan “El Ecuador que
los jóvenes queremos”, asistió como parte de la comitiva presidencial al
Foro Social en Brasil en 2009. Luis Alberto Merchán, guayaquileño de 24
años, estudiante de cuarto año de derecho de la Universidad Estatal de
Guayaquil, ex Secretario Provincial de FESE en Guayas. Víctor Hugo
Vinueza, 48 años, sociólogo, empleado de la Universidad Central,
dirigente de empleados y trabajadores, dirigente barrial.
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| Pablo Andrés Castro preso fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, le entregó al Presidente Correa el plan “El Ecuador que los jóvenes queremos” |
Todos
están detenidos. Todos, excepto Fadua Tapia
quien se encuentra con
medidas sustitutivas por
haber estado embaraza de cuatro meses al
momento
de la detención, lo que significa que debe presentarse
ante un
juez una vez a la semana.
La
historia inicia el 3 de marzo de este año, cuando estos diez dirigentes
estaban reunidos en un condominio en el populoso sector de Luluncoto en
el sur de Quito. Según lo han contado varias veces la reunión era para
tratar temas de coyuntura social y política, relacionados a la
manifestación que se daría al día siguiente, denominada Marcha
Plurinacional por el Agua la Vida y la Dignidad de los Pueblos,
organizada por sectores indígenas en contra del Gobierno y en la que
estos dirigentes también participarían.
Sin
embargo, según sus relatos y declaraciones oficiales, la reunión ni
había empezado cuando inició el demonimado Operativo Sol Rojo, en el
cual los jóvenes fueron detenidos, acusados de planificar actos
desestabilizadores contra el Gobierno. Durante dos horas, según el
testimonio de Fadua Tapia, fueron inmovilizados, boca abajo, ella
incluida a pesar de que había anunciado su estado de gestación, para
posteriormente ser detenidos sin explicaciones, incomunicados y acusados
de actos terroristas.
El
4 de marzo se llevó a cabo la audiencia de flagrancia y en una rueda de
prensa, el Ministro del Interior, José Serrano, anuncia “la captura de
10 líderes del GCP, Grupo de Combatientes Populares” y denuncia que
éstos habrían estado preparando una seria de actos violentos, se los
relaciona entonces con las detonaciones de bombas panfletarias en Quito,
Guayaquil y Cuenca, que había ocurrido entre el 17 y 22 de noviembre de
2011, y se habla de “amenaza a la seguridad del Estado”.
El
lunes pasado, se cumplieron nueve meses desde que los jóvenes fueron
detenidos. Nueve meses de que no se han conocido pruebas concretas que
respalden las acusaciones que hace la fiscalía. Nueve meses de denuncias
de abusos y malos tratos, denuncias que hace públicas la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, encabezada por la activista de
derechos humanos Elsie Monge, conocida también por haber sido parte de
la Comisión de la Verdad que buscaba revelar hechos ocultos del caso de
los Hermanos Restrepo. A esta organización se unen otras como la Clínica
Ambiental y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
INREDH y realizan el Informe de Psicoanalis de Derechos Humanos, caso 10
detenidos en Luluncoto, Operativo Sol Rojo, en el que se determina que
los detenidos sufren de estrés postraumático, ansiedad, insomnio, falta
de apetito, sufrimiento mental severo, depresión, intenciones suicidas y
comportamiento autoagresivo. Santiago Gallegos cuenta en este informe
que: “Lo primero que pensé es que iban a terminar con nuestra vida
porque entraron una cantidad indeterminada, entre 30 y 40 policías,
muchos de ellos portaban armas de grueso calibre y nos apuntaron a la
cabeza y nos botaron al suelo con violencia […]Luego de ahí nos levantaron y nos pusieron de rodillas y nos amarraron […]
nos sacaron nuestras cédulas. Inclusive a mi me pusieron unas cosas que
no me pertenecían en el suelo y me enfocaron con la cámara fotográfica
hacia mí y hacia las cosas que nos ubicaron en el suelo […]
jamás nos presentaron una orden de allanamiento […] la mayoría de ellos
estaban encapuchados, con máscaras, y jamás tampoco nos presentaron una
orden de detención, además nos estaban interrogándonos de hechos que
nosotros no conocíamos, por ejemplo decían:`¿quién es el jefe, qué van a
hacer, dónde están los explosivos´ […] era evidente que se estaba
creando una escena de un supuesto crimen en ese momento […] entonces yo
lo que pensaba en esos momentos es que nos iban a matar, que iba a pasar
lo que es `el caso Restrepo´ no sé ”.
Como
este, el informe recoge otros testimonios de los detenidos y sus
familiares, como el de Cristina Campaña, quien también denuncia que le
habrían puesto en su cartera documentos que no eran de ella y que
servirían como pruebas en su contra. “[…]
Era el amedrentamiento, hasta en la audiencia de formulación de cargos
la persona que escaneaba y que puse las cosas me dijo: `tú tienes que
comprobarme que yo te puse eso porque yo voy a negarlo´[…]”
Y
es que hasta el momento no se han podido conocer, al menos a la luz
pública, cuáles son las pruebas reales que han utilizado las autoridades
para inculpar a estos jóvenes de algo tan grave como atentar contra la
seguridad del estado o terrorismo. Si el propio gobierno no reconoce a
las FARC como terroristas, ¿cómo puede declarar a estas diez personas
como tales? Terrorismo, según
define la Real Academia de la Lengua es la dominación por el terror, la
sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. ¿Qué
actos violentos han ejecutado los Diez de Luluncoto? ¿Qué pruebas
existen de que realmente tenían planes de ejecutar acto terrorista
alguno?
Y
es que ahora, la vida de estos diez jóvenes dio un giro completo. Nueve
están recluidos, han perdido sus empleos, están alejados de sus
familias, de sus ciudades en algunos casos y han sido dados a conocer al
país como “terroristas”. La décima, tampoco ha podido hacer su vida
normal y permanece con medidas sustitutivas, con la incertidumbre
permanente de poder ser ingresada a un centro carcelario en cualquier
momento, como lo ha relatado ella misma.
Uno
de los detenidos, Luis Merchán, cuenta las difíciles condiciones en las
que ahora vive, en un pabellón con 150 personas “[…] No hay como estar
ahí. Humo de marihuana, drogas y tabaco, empecé a sentirme enfermo: con
gripe y tos. Pedí exámenes a la trabajadora social, pero ella me dijo
que si había sido acusado por acciones contra el Estado, cómo pretendía
que el Estado pagara mis exámenes[…]” ¿Puede el Estado negar a un joven
detenido el derecho a acceder a la salud? ¿Y las cuñas que nos inundan a
diario sobre los cambios de esta revolución de manos limpias? ¿Dónde
están las manos limpias aquí? ¿Dónde está esa justicia transparente de
la que tanto escuchamos en época electoral?
La
historia de miedo, de angustia, de incertidumbre que viven estos
jóvenes hoy en día, inició con el allanamiento y la detención en
Luluncoto y continuó dos meses después cuando grupos especiales de la
policía, en operaciones simultaneas, allanaron las viviendas de sus
familiares. De la casa de Fadua
Tapia, por ejemplo, se habrían llevado como evidencia casetes de música
protesta, un pañuelo sandinista, un pasamontañas, un informe del colegio
de Fadua y una pistola oxidada que hace más de quince años no disparaba
y que era guardada como una reliquia de la familia. Fadua, vivió por
segunda ocasión la invasión policial en su casa, en donde estaba con
custodia.
En
la casa de Abigail, la situación habría sido similar, tal como lo
relata su papá: “A las cinco de la mañana vinieron a mi casa, los
policías iban a romper la puerta, cuando bajé el juez me enseñó la
orden, les dejé pasar porque `quien nada debe, nada teme´. Revisaron
toda la casa. Se llevaron dos computadores, cd´s de música, dinero”. La
única casa que no fue allanada fue la de César Zambrano, quien había
declarado que no vivía con su familia y había dado otra dirección.
Los
siete hombres permanecen actualmente detenidos en el Centro de
Detención Provisional de Pichincha, CDP en Quito, mientras las dos
chicas están en la Cárcel de Mujeres. Y mientras tanto sus familiares
coinciden ene que la prensa ha dado muy poca información sobre el
tema, que no ha habido interés en investigar el caso, sin embargo dicen
que algunos medios independientes del Gobierno, los han apoyado,
mientras que los otros se refieren a los detenidos como terroristas. La
madre de Royce Gómez cuenta que acudió al canal 2 a pedir apoyo y cuenta
que ahí le sugirieron que pida perdón al Presidente en nombre de su
hijo, a lo cual se negó y se fue.
El
caso llamó la atención de los medios este viernes 7 de diciembre,
cuando los nueve detenidos iniciaron una huelga de hambre. Poco después
de que esto se conociera el Ministerio del Interior difundió un
comunicado de prensa que también está disponible en su página web con el
título “Varias evidencias detallan actividades subversivas de detenidos
en Operativo Sol Rojo”. Ya en el texto se señala que “Manuales para
fabricación de bombas, estrategias de combate y formación militar,
agendas para la ejecución de llamadas de explosivos en protestas fueron
algunas de las evidencias encontradas en las agendas, computadoras y
memorias de almacenamiento incautadas durante la redada que en marzo de
este año en Luluncoto, al Sur de Quito.
Esto permitió la detención de la
organización autodenominada Grupo de Combatientes Populares[2]”.
En el mismo comunicado se relaciona a los Diez de Luluncoto con las
bombas panfletarias que explotaron en tres ciudades del país, y se añade
que “Uno de los documentos hallados refiere la agenda que cumpliría el
grupo entre mayo y septiembre de este año. Se incluyen actividades como:
campañas de reclutamiento, afirmar mandos y combatientes en la
dirección de masas y afirmar conocimientos militares. En otro documento
se detallan actividades programadas para los primeros días de marzo,
durante la marcha prevista por organizaciones sociales en Quito. En uno
de los puntos se señala ‘El día de la marcha se realizarán llamadas de
explosivos en Senagua y otras mineras’”. Se asegura además que en el
teléfono celular de Royce Gómez “se hallaron mensajes cifrados”,
escribiendo una palabra por envío, según el comunicado para evitar que
sean interferidos, cita entonces algunas frases que habrían encontrado
en el teléfono de Gómez “Verás, antes de que cojas un arma, deberás
saber para qué fue creada un arma. Lo sabes?.” “Un arma fue creada para
matar considerando número 1, no para amagar, asustar o amedrentar”.
El
texto detalla que estos indicios habrían servido para acusar a los
detenidos de terrorismo y sabotaje y menciona que el MPD ha sido la
organización “que mayor presencia mediática ha realizado a favor de la
inocencia de los diez detenidos […]
Al menos cuatro detenidos registran actividad cercana a dicha
organización política. Fadua Tapia, una de las tres detenidas, aparece
en el puesto 14 en la lista de candidatos a asambleístas nacionales por
la Coalición Pluricultural de la que es parte el MPD”. Se menciona
también que se hallaron cheques girados desde varias cuentas bancarias
“una de ellas sería propiedad del MPD, emitido a favor de Jafet Leiton.”
Se vincula también a uno de los detenidos, Héctor Estupiñan, con esa
organización política y se especifica que habría mantenido una relación
laboral en una entidad pública “su nombre aparece calificado como
Servidor Público de Apoyo 4, en el cuadro de Roles de la Delegación
Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en
esa provincia (Esmeraldas). En este organismo se asume que ingresó a la
entidad por gestión de dos consejeros, también relacionados
ideológicamente con el MPD”.
Si
bien el comunicado oficial no es del todo claro, pues contiene errores
de redacción y en cuanto a la terminología (asumimos por ejemplo que al
hablar de Coaliación Pluricultural se refiere a la alianza entre varios
movimientos llamada Unidad Plurinacional de las Izquierdas, de la que en
efecto, es parte el MPD), el fondo del comunicado gira en torno a la
existencia de pruebas acusatorias, según el Ministerio del Interior
claro está, al respeto del proceso (según el comunicado, sí existían las
ordenes correspondientes “la incursión policial y posterior detención
de los diez detenidos se cumplió acatando una orden judicial legalmente
emitida por un juez de garantías penales”) y se hace énfasis en la
presunta vinculación de los detenidos con el MPD, que personalmente, muy
personalmente, considero que no es una organización que esté avalada
dadas las prácticas que ha tenido históricamente, sin embargo, no es un
delito que uno o diez estudiantes sean afines con la misma, por ende, me
queda la pregunta suelta ¿el hecho de que sean cercanos al MPD los
convierte automáticamente en terroristas?
La
audiencia de juzgamiento está programada para este lunes 10 de
diciembre, irónicamente, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de
los Derechos Humanos. Y es que llama la atención que un grupo de diez
personas sean detenidas de esa forma, sin que se presenten pruebas
contundentes para demostrar que realmente podían representar un peligro
para el Estado. Llama la atención que siendo un caso que tiene todos los
elementos para ser escandaloso, casi no ha tenido repercusión
mediática. Y la justicia, esa famosa justicia transformada, esa
independiente, ¿será también ahora tan independiente como cuando a la
tarde de la visita presidencial a dos involucrados en el caso Duzac,
estos fueron liberados? Quizás eso es lo que le falta a este caso, que
el CDP y la Cárcel de Mujeres abran las puertas para que quien manda en
la justicia dé su dictamen y los Diez de Luluncoto puedan retomar sus
vidas.
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